El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido hoy la ley foral que regula en Navarra el consumo de cannabis compartido y el abastecimiento para consumo propio dentro de clubes colectivos privados de usuarios de cannabis. El TC ha adoptado esta decisión al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra esta ley al considerar que invade competencias estatales sobre legislación penal y de productos farmacéuticos, seguridad pública y bases de la sanidad.

MADRID. El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el 27 de noviembre de 2014, con los votos en contra de UPN y PPN y a favor del resto de grupos y parlamentarios no adscritos, la ley foral por la que se regulan los colectivos de usuarios de cannabis en la Comunidad foral. Una comisión puso en marcha esta iniciativa legislativa popular, cuya constitucionalidad se ha puesto en duda desde un principio ya que un informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas apuntaba esa posibilidad debido a que esta norma podría afectar a varias competencias del Estado.

Esta ley navarra suspendida tiene como objeto establecer unas normas generales para “la constitución, organización y funcionamiento” de los clubes de personas consumidores de cannabis en el marco de la comunidad de Navarra. De esta forma la iniciativa pretendía dar “seguridad jurídica” tanto a lo referido al consumo como al autoabastecimiento, dado que la jurisprudencia considera que “el consumo no constituye ilícito penal o administrativo cundo se somete a los límites de la norma interpretados por el derecho, atendiendo a la realidad social”.

El Constitucional ha recordado hoy que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el alto tribunal resolverá en próximas fechas La suspensión automática de la ley navarra se produce al haber invocado el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que dice que el Ejecutivo podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. En la providencia notificada hoy, el pleno del Constitucional ha dado traslado de su decisión al Gobierno y al Parlamento de Navarra, así como al Congreso y al Senado para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formulen las alegaciones oportunas.

El pasado 13 de marzo, el Gobierno recurrió esta ley foral al considerar que la regulación navarra invade las competencias estatales reconocidas por el artículo 149.1 de la Constitución, al regular el consumo de cannabis más allá de los límites admitidos por la legislación estatal. Según el Ejecutivo, la ley foral regula las condiciones para ser integrante de los clubes y el suministro de cannabis a los mismos en contra de los criterios admisibles para que el consumo de esta sustancia no sea castigado penalmente. “La propia existencia de estos clubes permanentes se aleja de la excepcionalidad penal del consumo compartido que establece la jurisprudencia, que requiere un consumo esporádico, de pocas personas, íntimo, sin trascendencia y de cantidad insignificante”, precisó el Gobierno al anunciar el recurso de inconstitucionalidad.

Además, argumentó que, más allá del ámbito penal, tampoco se respetan las condiciones establecidas en la legislación estatal para la distribución y el consumo de sustancias estupefacientes. En su opinión, legalizar a los colectivos de usuarios de cannabis supondría generar confusión sobre la repercusión de determinadas conductas con alcance penal.

LA PRIMERA ILP QUE PROSPERA EN NAVARRA Cerca de 10.000 navarros avalaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que los clubes de usuarios de cannabis pudieran contar con una seguridad jurídica y que tuvieran reconocido por ley el derecho a su funcionamiento dentro de unas normas establecidas.

El Parlamento avaló a finales del pasado mes de octubre esta petición, que supone el primer triunfo en la Cámara de una iniciativa surgida a nivel popular. Solo UPN y PPN se mostraron en contra de la regularización de una realidad que, como sostuvo la oposición, existe desde hace mucho tiempo en Navarra y requiere de una seguridad jurídica tanto a lo referido al consumo como al autoabastecimiento, dado que la jurisprudencia considera que “el consumo no constituye ilícito penal o administrativo cuando se somete a los límites de la norma interpretados por el derecho, atendiendo a la realidad social.

La ley tiene como objeto establecer unas normas generales para “la constitución, organización y funcionamiento” de los clubes de personas consumidores de cannabis que en Navarra suman ya 7 de forma oficial y tres en construcción, que agrupan a cerca de 1.000 usuarios registrados.

Contrarios a la norma, UPN y PPN censuraron que la ley se sacó adelante a pesar del informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en el que apunta que esta norma podría afectar a varias competencias del Estado y anunciaron que traería un recurso por parte del Tribunal Constitucional.

En el turno a favor, el portavoz del PSN, Santos Cerdán, dijo que “el marco legal vigente ignora una realidad social” y apuntó que la prohibición no es la solución. Por Bildu, Víctor Rubio dijo que se trata de una propuesta “viable que da existencia legal a algo que existe”, ya que “prohibir, ignorar o mirar para otro lado no va a arreglar ningún problema”.

La parlamentaria de Aralar Asun Fernández de Garaialde censuró a quienes mantienen políticas prohibicionistas, que, en su opinión, conducen a efectos secundarios como la adulteración de sustancias, beneficio de traficantes, blanqueo de dinero y un importante gasto en represión policial y judicial.

Marisa de Simón (IE) defendió la ley por lo que supone de consumo personal controlado, respeto a los límites impuestos por la ley, control sanitario del producto y medidas para controlar el consumo abusivo y el clandestino.

Javier Lorente (UPN) argumentó su postura contraria en los informes existentes, tanto el de los servicios jurídicos del Parlamento como el de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En la misma línea, Eloy Villanueva, del PPN, dijo la ley “tiene visos de incostitucionalidad”.

LOS PROMOTORES DE LA ILP LA DEFENDERÁN Miembros de Representación Cannábica Navarra (RCN-NOK), promotora de la iniciativa legislativa popular reguladora de los clubes de cannabis, comparecerán en el Tribunal Constitucional para defender la ley foral que ha sido suspendida tras la admisión de un recurso presentado por el Gobierno español.

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido hoy la ley foral que regula en Navarra el consumo de cannabis compartido y el abastecimiento para consumo propio dentro de clubes colectivos privados, con lo que queda sin amparo legal la decena de sociedades de este tipo que existen en la Comunidad foral.

El secretario general de RCN-NOK, Ramón Morcillo, ha comentado a Efe que esta ley foral es “necesaria” y por ello acudirán al Tribunal Constitucional a defender “con uñas y dientes” la voluntad del Parlamento de Navarra, que aprobó la ILP con la única oposición de UPN y PP.

Ya que el Gobierno de Navarra “hace mutis” en relación a esta ley, ha dicho, “iremos nosotros a defenderla” en el Constitucional y “por supuesto” se volverán a presentar a las elecciones “dado que la solución política no termina de llegar al problema del cannabis”.

En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno de Navarra no ha querido reunirse con los representantes de los clubes de cannabis ni ha contestado a los correos que se han enviado al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

Morcillo ha explicado que, ante el Constitucional, argumentarán que la ley foral “no va en ningún momento en contra de leyes estatales” en aspectos como la tenencia en la vía pública, el cultivo bajo licencia o la dispensación de cannabis.

Los expertos universitarios en Derecho Penal que asesoran a RCN-NOK, ha indicado, han demostrado “claramente” que estas asociaciones no entran dentro de la categoría de tráfico de drogas y que “no interfieren con ninguna de las leyes estatales”.

“Tenemos clubes sociales de cannabis en toda España, están en todas las comunidades autónomas”, ha destacado Morcillo, que ha considerado que tachar esta ley foral de inconstitucional es “un tanto cobarde” y solo trata de “de escurrir el bulto”.