Málaga, 13 y 14 junio 2013
Primera
Se constata con satisfacción el importante avance en la destrucción anticipada de drogas que ha supuesto, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2013, una importante reducción de las cantidades depositadas, que han pasado de 111.470 kilogramos a 67.994, pese a que en dicho período ingresaron 55.004 kilogramos, por lo que el total destruido asciende a más de 98.000 kilogramos, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que son incluso más, según el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (C.I.C.O.).
En todo caso se acuerda:
1º: Realizar un seguimiento especial de los alijos más importantes, para conseguir su rápida destrucción, judicialmente autorizada.
2º: Constatada la existencia en algunas provincias de depósitos de drogas de cierta importancia, cuya destrucción judicial exigiría la reapertura de miles de procedimientos, tratar de utilizar expedientes gubernativo-judiciales o, en su caso, la destrucción administrativa. A tal fin, el Fiscal Jefe explorará la posibilidad de llegar a la destrucción administrativa sobre la base de informes del Instituto Nacional de Toxicología sobre el tiempo a partir del cual la pérdida de principios activos determinaría la imposibilidad de realizar contra análisis fiables.
Segunda
Se afirma la necesidad de agilizar la venta anticipada de bienes procedentes del tráfico de drogas y blanqueo de capitales, para evitar su deterioro y pérdida de valor, y se manifiesta la conformidad con que se consiga la adhesión del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia al protocolo firmado en su día por los Ministros de Interior y de Sanidad y el Fiscal General del Estado.
Asimismo, la Junta toma nota del inicio de gestiones con la Entidad Puertos del Estado, para la firma de un convenio que facilite la realización o destrucción anticipada de embarcaciones utilizadas o que constituyan beneficio de tales delitos.
Tercera
Reitera que uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra las organizaciones y grupos criminales es la incautación de sus bienes y ganancias, lo que exige:
a): Unidades especializadas de investigación patrimonial, de carácter multidisciplinar, con la necesaria formación.
b): la pronta implantación efectiva del Fichero de Titularidades Financieras previsto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, de 2010.
c): La creación y funcionamiento efectivo de oficinas de localización y recuperación de activos.
d): Una detallada regulación de las medidas cautelares aseguratorias del comiso, evitando en lo posible remisiones a otras leyes.
Cuarta
Constata el preocupante aumento de plantaciones de cannabis en nuestro país, y de Asociaciones constituidas con el fin de propiciar el cultivo o consumo colectivos, y declara que no existe un vacío legal o o jurisprudencial en la materia, por lo que la Fiscalía Especial Antidroga está investigando la actividad real de dichas Asociaciones y su posible inclusión en los artículos 368 y concordantes del Código Penal, para ejercitar, en su caso, las pertinentes acciones penales.
